Agustín Almodóbar ha destacado que dicha iniciativa, suscrita por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, junto a Isabel Borrego y él mismo y compuesta por un total de 17 medidas de calado prioritarias, incluía a través de una enmienda transaccional la reclamación al Gobierno de aprobar de manera urgente un fondo plurianual dotado como mínimo de 8.500 millones de euros. Éste estaría destinado a la tramitación de ayudas y compensaciones directas dirigidas a paliar de manera preferente las pérdidas económicas de pymes, micropymes y autónomos originadas por la crisis Covid-19.
Incluía a través de una enmienda transaccional la reclamación al Gobierno de aprobar de manera urgente un fondo plurianual
Entre otras grandes medidas para el sector de la hostelería, el GPP también plantea de manera preferente la prórroga automática y el mantenimiento del esquema de protección de los ERTES, mejorando y adaptando las condiciones de los mismos hasta que por el Gobierno se declare el fin de la crisis sanitaria y se encuentre plenamente asegurada la restauración completa de la actividad.
En palabras del portavoz de Turismo del GPP, «cuando precisamente en el día de ayer confirmamos oficialmente que en 2020, España ha sufrido una pérdida de ingresos sólo por Turismo internacional por valor de más de 70.000 millones de euros, y el día anterior igualmente conocimos que más de medio millón de personas dejaron de trabajar en la hostelería española durante el pasado año, por el sentido más elemental de la responsabilidad, los diputados del partido que se dice llamar obrero tenían en el día de hoy la obligación moral de apoyar con ayudas directas a los camareros, cocineros, recepcionistas, autónomos, proveedores y empresarios de los más de 100.000 establecimientos hosteleros que están literalmente con la soga al cuello».
En la misma línea, el portavoz popular añadió que «votar hoy en contra de la aprobación de un Plan de Choque con ayudas directas a un sector que se ha visto obligado a cerrar o restringir su actividad, equivale a conducir a las empresas hosteleras españolas al patíbulo».
