El Tribunal Supremo ha dado la razón a Airbnb en su enfrentamiento con la Generalitat por unos anuncios de pisos turísticos que no figuraban en el registro de viviendas turísticas de Cataluña. Una orden que fue dictada por el Govern en el año 2015 y que pugnaba a la empresa a detectar y eliminar los anuncios de apartamentos que no contenían el número de registro, lo que dio lugar a una batalla jurídica entre la empresa y la Generalitat, en la que esta primera fue la ganadora.
El Tribunal Supremo ha revocado una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que amparaba la orden autonómica y eximía a Airbnb de labores de vigilancia, que según el alto tribunal, no le compete.
La Generalitat ha querido responder a la sentencia que, supone un enorme obstáculo para poner fin a la existencia de pisos turísticos ilegales. Excluir de su responsabilidad a las plataformas que anuncian este tipo de oferta dificulta la persecución de prácticas fraudulentas que acaban impactando en el día a día de los habitantes de las zonas con una mayor afluencia turística, han concluido fuentes del departamento.
Juan Molas
Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo de España, ha declarado a NEXOTUR, no comprendemos que el Tribunal Supremo anule una orden, en este caso de la Generalitat catalana, que obligaba a realizar la comercialización de viviendas no registradas para ese uso. Es incomprensible que el máximo Tribunal dé carta blanca a lo que consideramos una ilegalidad absoluta y pensamos que habrá que llevar el tema a los tribunales de la Unión Europea, de lo contrario la indefensión con los que sí cumplen con la ley es absoluta.
Es la segunda vez que el alto tribunal vuelve a cometer un fallo a favor de una empresa de aparamentos turísticos que había impugnado la misma orden de la Generalitat
Aribnb y HomeAway
Hace un año, la Sala de lo Contencioso-Administrativo coincidió con HomeAway en el mismo sentido, un hecho que ha servido de ejemplo para la resolución dictada ahora por el Supremo sobre Airbnb.
Los magistrados, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sostuvieron que no se trataba de empresas especializadas en el alquiler de viviendas, sino de un servicio de intermediación entre arrendadores y arrendatarios propio de la sociedad de la información, por lo que no tenían por qué seguir la jurisprudencia sectorial de alojamientos turísticos.
La Sala recuerda los razonamientos a los que llegaron hace un año y que repiten ahora para llegar a la misma conclusión: No cabe duda de que la actividad de alquiler de alojamientos a la que se refieren los contenidos almacenados en la web de la recurrente es una actividad legítima, como tampoco hay duda, en sentido opuesto, de que los anuncios de alojamientos turísticos en el ámbito territorial de Cataluña incurren en una infracción administrativa si no incorporan el número de registro turístico, señalan.
La cuestión, por tanto, es si puede afirmarse que las empresas intermediarias tienen conocimiento efectivo de ese requisito del Govern, por el mero hecho de que tales anuncios se alojen en la página web. La respuesta ha de ser necesariamente negativa, concluye el tribunal.
Tras recibir el veredicto, la plataforma de apartamentos de pisos turísticos ha manifestado dijo en un comunicado que estaba interesada en trabajar con la administración pública catalana para desarrollar una normativa clara que se adapte a las realidades de viaje actuales y apoye las actividades de los particulares. Airbnb ha reivindicado un «impacto positivo» en su actividad y sobre el empleo, especialmente tras el impacto del covid-19.
Declaraciones
En un escrito, la directora general de Airbnb Marketing Services, Mónica Casañas, ha asegurado que la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona a través del intercambio de información ha permitido al Consistorio identificar y eliminar de la plataforma más de 7.000 anuncios. El impacto que la plataforma tiene en los particulares, los comercios y los pequeños propietarios se refleja en que 8 de cada 10 anfitriones en Cataluña tienen un solo anuncio y en que casi la mitad del gasto que realizan los huéspedes tiene lugar en las cercanías o en los barrios donde se hospedan, ha señalado.
La Generalitat ha considerado también que las plataformas deben asegurarse de que los anuncios que alojan cumplen con la normativa, y ha señalado que no hay impedimentos técnicos para hacerlo. El Govern, anuncia, estudiará los pasos a realizar con el objetivo de poder actuar con el máximo de eficiencia contra la oferta de alojamientos sin licencia turística.
El Ayuntamiento de Barcelona lleva años peleando contra Airbnb, también por la presencia de anuncios de pisos sin licencia en el portal, fuentes municipales apuntan que están a la espera de un buen análisis de la sentencia, que se mantendrá la misma estrategia que hasta ahora en relación a los pisos turísticos y con la misma firmeza y contundencia en la inspección.
El Gobierno de la alcaldesa Ada Colau tomó la delantera al imponer multas a los anuncios de pisos ilegales por el impacto que la oferta tenía en el mercado residencial. Barcelona es la única ciudad catalana que ha vetado la oferta de alquileres para turistas que ha legalizado la Generalitat.
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