El acuerdo sobre la convocatoria del concurso para seleccionar el diseño del futuro centro de congresos de Alicante quedó aprobado por unanimidad este miércoles, en el transcurso del pleno de la Diputación Provincial correspondiente al mes de abril. Los tres grupos políticos representados en la corporación (PP, PSOE y Compromís) y los dos diputados no adscritos mantuvieron el voto expresado en comisión el pasado 22 de marzo y avalaron las bases del proceso pese a los reproches sobre el oportunismo electoral que los socialistas y los valencianistas atribuyeron a la iniciativa, que queda activada a poco más de un mes de la cita con las urnas del próximo 28 de mayo.
El acuerdo permite que la convocatoria se pueda poner en marcha en cuestión de semanas una vez que su anuncio quede publicado en los boletines oficiales. En ese momento se activará el calendario previsto en el propio pliego de condiciones: tres meses para la presentación de proyectos por parte de los gabinetes de arquitectura interesados y un mínimo de otros dos meses más para que el jurado de expertos compuesto por seis arquitectos de prestigio evalúe las propuestas que sean presentadas.
En cualquier caso, se trata de un plazo que podría ampliarse, en el supuesto de que concurriese gran cantidad de propuestas, como se prevé que podría suceder, a tenor del interés que ya se habría constatado, toda vez que, entre los arquitectos a los que se sondeó con la intención de que pudiesen formar parte del jurado varios de ellos declinaron el ofrecimiento para poder concurrir en el procedimiento.
Después de septiembre
Esa programación conlleva que todas las decisiones sobre el futuro del proyecto quedan demoradas hasta el próximo mandato, ya que, en el mejor de los casos, no se seleccionará al ganador del concurso hasta los meses de septiembre u octubre. Con ello será la próxima corporación y el próximo gobierno que deparen las elecciones municipales y autonómicas el que asuma la responsabilidad de sancionar el fallo del jurado. Y, por tanto, el que deba adjudicar la redacción del proyecto de ejecución a través del procedimiento negociado incorporado en las bases del concurso.
La convocatoria prevé un primer premio de 90.000 euros para la propuesta que gane el concurso. Además, establece que el gabinete que resulte seleccionado percibirá unas retribuciones de más de 6,9 millones por la elaboración del proyecto constructivo.
A partir de ese momento, el gabinete de arquitectura contratado tendrá un plazo de seis meses para elaborar ese proyecto definitivo. Como muy pronto, ese paso podría darse dentro de un año, en la primavera de 2024 para que los trabajos puedan iniciarse a finales de ese año y concluir en un horizonte temporal máximo de 30 meses, como también se detalla en el concurso.
El coste de construcción del edificio de congresos y de las oficinas del centro operativo de Suma (el organismo tributario de la Diputación) se ha cifrado en 65 millones de euros. Hasta ahora, se ha insistido en que la institución provincial asumiría dos tercios de la financiación necesaria para sus obras, mientras que el Ayuntamiento de Alicante cubriría el tercio restante. Todo, a la espera de que puedan incorporarse fondos de la Generalitat. En esta línea, el actual presidente del Consell, Ximo Puig, insistió durante su intervención en el Foro Alicante que nadie había pedido de forma oficial la participación de la administración autonómica en la ejecución del centro de congresos.
El coste de construcción del edificio de congresos y de las oficinas del centro operativo de Suma se ha cifrado en 65 millones de euros
Ximo Puig explicó que de plantearse esa posibilidad, y siempre que el mantuviese sus responsabilidades actuales, la Generalitat estaría «dispuesta» a cofinanciar la construcción del recinto congresual pero insistió en que «hasta el momento no se ha pedido nuestra participación», lo que le da a entender «que tienen recursos suficientes para hacerlo».
El presidente del Consell prosiguió explicando que tuvo conocimiento del proyecto a partir de una llamada del expresidente de la Autoridad Portuaria, el fallecido Juan Antonio Gisbert, y señaló que le trasladó que «por supuesto» la Generalitat colaboraría «en cualquier acción en el puerto para beneficiar a la ciudad que las autoridades de la ciudad plantearan». «La Generalitat facilitaría esa inversión«, continuó, antes de añadir que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, le expuso el proyecto en un breve encuentro informal pero que no ha tenido más comunicación «hasta ahora».
Toda vez que los resultados electorales deparasen la continuidad del gobierno autonómico, del provincial y del municipal, supondría un aval al desarrollo del proyecto en la medida en que el edificio podría seguir contando con el respaldo de las tres administraciones.
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