La Orden Ministerial debería excluir a los viajes corporativos, el MICE y los grupos
Ante la próxima aplicación del Real Decreto 933/2021, las diferentes patronales de agencias de viajes han solicitado una vez más la exclusión del Sector, en este caso mediante una reunión con el Ministerio del Interior. Esta norma, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, obligará a comunicar en cada viaje realizado por España los datos del alojamiento, del alquiler de vehículos, de los métodos de pago y otros datos personales de cada cliente.
De igual manera, las patronales han advertido que, si no se excluye a las agencias de viajes del Real Decreto, será necesaria la publicación de una Orden Ministerial que limite su aplicación. «Dicha Orden Ministerial debe excluir de la obligación de comunicación a los viajes corporativos, el MICE y los grupos», supuestos donde se ha demostrado de «imposible cumplimiento» el deber de comunicación.
En este sentido, CEAV, ACAVe, FETAVE y UNAV, teniendo en cuenta el actual plazo de adaptación, también han solicitado la ampliación de dicha fecha hasta que se apruebe la citada Orden Ministerial y hasta que se solventen «los problemas técnicos que continúa dando la plataforma» de registro habilitada por el Ministerio.
Por su parte, los representantes del Ministerio del Interior han rechazado la posibilidad de que se produzca una nueva ampliación del plazo de adaptación, pero se han comprometido a «estudiar nuevamente las alegaciones presentadas» por las cuatro organizaciones en lo referente al alcance del Real Decreto.
Esta reunión se ha producido una semana más tarde de otra reunión que las cuatro organizaciones mantuvieron con Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, en la que «apoyó estos argumentos y se comprometió a defenderlos ante el Ministerio del Interior«.
Comprometida situación
Las organizaciones han señalado que la aplicación del Real Decreto sin la prometida Orden Ministerial dejaría en una «comprometida situación» al Sector ya que las agencias no disponen de los medios, ni técnicos ni de personal para cumplir esta norma: «En España, la mayoría de las agencias son pymes que deberán ampliar horarios de trabajo o contratar a profesionales exclusivamente dedicados a esta función, lo cual exige una inversión económica fuera del alcance de muchas de estas empresas«.
Por otro lado, desde el Sector se ha insistido en la imposibilidad de cumplir con los requerimientos de información en numerosas ocasiones, ya que las agencias no disponen de todos los datos requeridos, así como supone una duplicidad de los datos que ya son comunicados por los proveedores. Además, se ha trasladado la preocupación de las agencias en cuanto a «la falta de protección hacia los datos de los clientes» al considerar que el Real Decreto no se ajusta a la normativa vigente de protección de datos.
Junto a esto, los turoperadores europeos también han manifestado esta preocupación, tal como ya ha trasladado la patronal europea ECTAA, existiendo un riesgo de caída de ventas y que desvíen reservas a otros destinos con el consiguiente debilitamiento de España como destino, con especial afectación al Turismo de eventos.
Además, teniendo en cuenta que se impone la obligación de recabar y comunicar los datos correspondientes a la transacción del hospedaje, entre ellos los del pago, dicha normativa «contraviene la normativa en materia de pagos», que en el caso español está delimitada por lo previsto en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financieros, el cual transpone la directiva PSD2.
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