Implicaría una reducción de 5,7 millones de horas semanales de trabajadores asalariados
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), en consonancia con CEHAT, expresa su desacuerdo con el proyecto de Ley sobre la reducción de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. La Asociación advierte sobre el «grave impacto» que la aprobación de esta norma tendría sobre la actividad económica y, en especial, sobre el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas del Sector hotelero.
Según datos de Exceltur, en 2024 el Turismo generó un impacto de 25.052 millones de euros en la Comunidad de Madrid, un 8,6% del total del PIB regional, y un año antes ya generaba 286837 puestos de trabajo, un 7,6% del total del empleo de la Comunidad. Según el análisis del impacto de la propuesta de reducción jornada laboral máxima legal en las empresas de actividades económicas relacionadas con el turismo publicado por Exceltur en mayo de 2024, la implementación de la jornada laboral implicaría una reducción de 5,7 millones de horas semanales de trabajadores asalariados, de las que un 75,4% no son compensables con un uso eficiente del tiempo.
Impacto de la medida
Así, la reducción de la jornada tendría un coste anual de 2.348 millones de euros derivados de la necesidad de suplir las horas reducidas no compensables, siempre que se dispusiera de trabajadores con la formación necesaria. Este coste supondría un incremento medio del 4,9% de los costes laborales totales de las empresas turísticas y una reducción media del 8,1 de los excedentes brutos de explotación. En el caso del Sector hotelero, supondría un impacto de 403 millones de euros.
«La imposición de la reducción de la jornada laboral para dar cumplimiento a un acuerdo político y situar la jornada máxima legal por debajo de la jornada promedio ya pactada en los convenios representa además un obstáculo para la negociación colectiva, pilar de la estabilidad económica y la paz social, y pone en riesgo las propias negociaciones», concluye la AEHM, que apela a la responsabilidad de los parlamentarios para que tengan en cuenta la dimensión económica de la normativa con el objetivo de que no prospere.
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