CEAV ha reiterado su petición de que las agencias de viajes queden exentas de estas obligaciones
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por considerar que determinados aspectos del sistema de recogida y tratamiento de datos de viajeros establecido en el Real Decreto 933/2021 podrían vulnerar la normativa comunitaria de protección de datos. Bruselas ha remitido una carta de emplazamiento al Gobierno español al entender que algunas de las obligaciones impuestas a alojamientos, plataformas digitales y empresas de alquiler de vehículos no se ajustan a la Directiva (UE) 2016/680, relativa al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades policiales.
Según la Comisión, el modelo español exige la recopilación, conservación y transmisión de una cantidad excesiva de información personal de los viajeros, incluyendo datos de pago y geolocalización. Además, cuestiona que el acceso de las autoridades policiales a estos datos no esté suficientemente limitado a fines específicos y explícitos, tal y como exige la normativa europea, y considera desproporcionado el plazo de conservación de tres años previsto actualmente.
Bruselas sostiene que las categorías de datos recogidas exceden lo necesario para los fines perseguidos y ha dado a España un plazo de dos meses para responder y corregir las deficiencias detectadas. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podría avanzar en el procedimiento mediante la emisión de un dictamen motivado.
Impacto en las agencias
Tras conocerse la decisión de la Comisión Europea, CEAV ha señalado que la apertura del expediente confirma las preocupaciones que el Sector Turístico venía trasladando desde la aprobación del Real Decreto. La patronal recuerda que siempre ha defendido la colaboración con las autoridades en la prevención del terrorismo y la delincuencia, pero considera que el sistema actual plantea dudas sobre su proporcionalidad y compatibilidad con los principios europeos de protección de datos.
CEAV destaca especialmente el impacto que la normativa tiene sobre agencias de viajes y operadores turísticos, a los que considera meros intermediarios en la contratación de servicios. La patronal subraya que la obligación de recopilar, conservar y remitir información ya facilitada por otros operadores genera duplicidades innecesarias, incrementa las cargas administrativas y eleva los costes de cumplimiento sin aportar mejoras significativas en materia de seguridad.
La organización insiste además en que la inclusión de las agencias de viajes dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto plantea dudas jurídicas relacionadas con el principio de jerarquía normativa, ya que la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana no las contempla expresamente entre los sujetos obligados a realizar este tipo de registros documentales y comunicaciones de datos.
Por ello, CEAV ha reiterado su petición de que las agencias de viajes queden exentas de estas obligaciones y confía en que el procedimiento abierto por la Comisión Europea sirva para revisar el sistema actual. La patronal defiende la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales, garantizando que cualquier tratamiento de datos personales sea estrictamente necesario, proporcionado y conforme a la legislación europea.
