Esta normativa, cuya entrada en vigor está prevista para dentro de dos años, sólo se aplicará en aquellas situaciones en las que se infrinja la normativa comunitaria que protege el medio ambiente. Su inclusión no irá en detrimento de los castigos vigentes en los países miembros. Por ejemplo, en el caso de España, el Código Penal ya castiga la contaminación de las aguas, el vertido de productos tóxicos y el daño de los ecosistemas.
Además, el parlamento europeo tendrá en cuenta los delitos medioambientales transfronterizos, solucionando la actual situación en la que los "delincuentes" se aprovechan de las diferencias existentes entre las diferentes legislaciones de los Estados miembros, concluye la Eurocámara.
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