El proyecto que ya fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación" a Aerolíneas Argentinas y Austral, y a sus empresas controladas, y propone el pago de un valor simbólico de un peso. El dictamen sostiene también que el Estado nacional deberá hacerse cargo de las empresas para "garantizar la continuidad y la seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga" y que además "instrumentará los mecanismos necesarios con el fin de cubrir las necesidades financieras" de las compañías.
La semana que viene, concretamente el día 17 está previsto que se llegue a la aprobación definitiva de este proyecto de Ley en el Senado argentino. Por su parte, el Grupo Marsans, no quiere dar declaraciones y está a la espera de que el Gobierno de Kirchner de por fin luz verde a la expropiación, para poder comenzar con las acciones legales y reclamar una indemnización.
"Argentina no se puede dar el lujo de tener una línea aérea que no funciona", expresó el jefe del bloque oficialista del Frente para la Victoria, el senador Miguel Ángel Pichetto, al defender el proyecto oficial de expropiación de las dos compañías. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Fernández, indicó que Aerolíneas y Austral son "una empresa deficitaria y comprometida en su existencia", y sostuvo que "la interconexión de Argentina sin una línea de bandera y de cabotaje es imposible".
