Continúa la polémica por la contaminación acústica del aeropuerto de Barajas. Hace escasos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obligaba a AENA a reducir a la mitad los vuelos sobre la urbanización de Ciudad Santo Domingo (Algete), lo que implicaría un recorte del 50% de las operaciones en configuración sur en Barajas. Asimismo, fuentes de Fomento indicaban que esta medida supondría "a medio y largo plazo el cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas".
Tras conocer la sentencia del TSJM, el Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados el texto de un proyecto de ley con el que pretende reformar la Ley de Navegación Aérea. Con esta maniobra trata de evitar la reducción de las operaciones del aeropuerto madrileño. Dicho documento, que reconoce el derecho de los perjudicados a ser resarcidos, sostiene que "será obligatorio soportar los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales generados por la navegación aérea".
Las agencias ven ‘impensable’ el cierre o la reducción de las operaciones
A falta de conocer la resolución definitiva del conflicto, el presidente de AEDAVE, José Manuel Maciñeiras, ha asegurado que a día de hoy "es impensable reducir la capacidad o cerrar el aeropuerto de Madrid-Barajas", ya que "sería gravísimo para la economía de España". No obstante, Maciñeiras considera que el Gobierno "debe ser capaz de compaginar el derecho al descanso de los ciudadanos con el imprescindible desarrollo y mejora de las infraestructuras de valor estratégico para el país, como lo es el aeropuerto de Madrid-Barajas".
En esta línea, el presidente de la Asociación añade que ante un problema de esta magnitud es necesario "analizar todos los factores en profundidad y aplicar las soluciones técnicas y operacionales adecuadas". "No estamos ante un problema exclusivo de Madrid", sino que "muchas grandes ciudades en todo el mundo se encuentran con situaciones similares y han encontrado solución", explica.
Según apuntan fuentes de Fomento, la reducción del 50% de los vuelos supondría la destrucción de 3.000 puestos de trabajo y la Comunidad de Madrid dejaría de ingresar 1.100 millones de euros. Barajas aporta a la región madrileña un 11% del PIB y representa un 8,9% del empleo, con cerca de 125.000 trabajadores.
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