Farràs se ha referido a dos cuestiones de la polémica: el aspecto económico -según sus cálculos la prohibición total del tabaco en los locales supondrá la pérdida de 100.000 puestos de trabajo y el cierre del 10% de los 360.000 establecimientos que hay en España- y el político, ya que "no existe una necesidad profunda y seria de cambiar la legislación" porque la nueva ley "entró en vigor hace cuatro años y todavía no se ha desarrollado del todo".
Además, Farràs se ha referido a la ley que lleva en vigor cuatro años y que "ha demostrado su eficacia" y "ha liberado de humo miles de metros cuadrados" en espacios públicos y en empresas privadas, además de conseguir una "reducción del 5% en el número de fumadores".
Aun así, el representante hostelero ha precisado que todavía existen 15 millones de fumadores en el país, que acuden a los bares guiados por un "comportamiento social" y a los que actualmente "se les trata casi como delincuentes".
Desmotivación empresarial
De la misma forma, los hosteleros creen que el Gobierno "desmotiva a los empresarios a la hora de hacer inversiones" y "fomenta la desconfianza empresarial al dejar en el limbo las inversiones que se hicieron por la entrada en vigor de la ley vigente desde enero de 2006", que cifró en 1.500 millones de euros en España.
Así, los hosteleros han insistido en su "oposición radical" al endurecimiento de la Ley Antitabaco y han anunciado que serán "beligerantes" durante las próximas semanas con diferentes actuaciones, entre las que no han descartado el cierre puntual de locales como medida de protesta.
