La consejera de Turismo de Baleares, Joana Barceló, ha aclarado que el Plan de Acción Integral (PAI) en el que se enmarcaba el documento urbanístico retirado sigue vigente, lo que permitirá que los ciudadanos "puedan visualizar el plan de mejora de la Playa de Palma mediante las intervenciones que se vayan realizando".
Así, Barceló ha destacado que la suspensión de la tramitación del PRI es una "parada" en el proyecto con el fin de "recuperar el consenso entre instituciones y partidos políticos" pero "de ninguna manera se renuncia al planteamiento estratégico de convertir esta zona en un destino turístico de primer orden que apueste por la sostenibilidad".
Además, Barceló ha recordado la importancia de que el PAI continúe para garantizar la inversión de 127 millones de euros que se contempla en el presupuesto para 2010.
Por otro lado, la consejera autonómica ha explicado que, con la retirada del plan, se levanta la suspensión de licencias que afectaba a aquellos establecimientos turísticos que tenían previsto hacer obras de modernización que interferían con el PRI.
En cuanto a la fecha de aprobación del nuevo PRI, Barceló ha reconocido que será "difícil" que se produzca antes de las próximas elecciones autonómicas, "debido al volumen de alegaciones presentadas y al trabajo que conllevará la recuperación del consenso".
Un total de 1.335 alegaciones presentadas
Por su parte, la gerente del Consorcio de la Playa de Palma, Margarita Nájera, ha manifestado que las 1.335 alegaciones presentadas al PRI son "muy importantes", puesto que permiten que el organismo sepa la opinión de los ciudadanos e instituciones por escrito, con lo que se podrá trabajar para plantear un nuevo documento urbanístico "más consensuado".
Al respecto, el director de Planificación Urbanística del Consorcio, Joseba Dañobeitia, ha asegurado que analizar y contestar cada una de las alegaciones "lleva sus ritmos" por lo que no se puede prever cuándo acabará el proceso.
De todas las alegaciones, el 80,3% -1.072- han sido presentadas por particulares, mientras que el 7,4% -99- han sido de comerciantes y el otro 7% -94- de hoteleros.
El resto las han presentado Asociaciones -26-, comunidades de propietarios -19-, empresarios -12-, Administraciones -seis-, partidos políticos -cinco- y sindicatos -dos-.
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