La organización empresarial madrileña ha contratado los servicios del bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo para que se encargue de las actuaciones judiciales pertinentes, en las que participan también la Confederación de Empresas de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid (Cecoma) y la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (Cocem).
En este sentido, el presidente de la CEIM y la Cámara de Comercio, Arturo Fernández, ha destacado que los daños empresariales por el plante de los controladores fueron "importantes" y que ahora "toca resarcir a los perjudicados".
Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo y socio del bufete de abogados, Manuel Iglesias, ha indicado que la CEIM y la Cámara de Comercio tendrán, como el resto de las empresas que participan en la Agrupación, una estrategia legal "específica" para "poder alcanzar el resarcimiento que han sufrido los empresarios".
Medidas preventivas contra el patrimonio de los controladores
La CEIM, la Cámara de Comercio de Madrid y las demás organizaciones sectoriales están haciendo una estimación de los daños, que tienen previsto presentar la próxima semana.
En cuanto al cobro efectivo de las indemnizaciones, los empresarios han mostrado su interés para que, en los distintos procedimientos penales que se incoen, se adopten "medidas preventivas necesarias contra el patrimonio de los controladores" con el objetivo de garantizar el cobro de las indemnizaciones.
Al respecto, el socio de Cremades & Calvo Sotelo y ex Fiscal General del Estado, Juan Ortiz, ha apuntado que, a la hora del posible embargo preventivo de los bienes de los controladores, se deben tener en cuenta los "daños" ocasionados al Sector empresarial.
