Que se adopten algunas normativas sin haber tenido en cuenta a los afectados por la misma es, por desgracia, cada vez más habitual. Pero el colmo se ha producido en las Islas Canarias, ya que se ha retirado una modificación a la Ley de Transportes antes incluso de su aprobación, ante el rechazo generado por su anuncio entre los profesionales. El caso es que el Parlamento Canario pretendía prohibir el transporte a determinado tipo de vehículos cuando circulasen por debajo de siete viajeros, con multas estipuladas fuera de cualquier lógica. Y claro, el Sector se levantó con amenazas de huelga, que finalmente no ha sido necesario llevar a efecto. Evitar este tipo de esperpentos está en manos de todos.

