El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista contra la llamada Ley de Costas ha sumido en la inseguridad jurídica a parte del Turismo y de las viviendas del litoral español. Hasta dentro de seis o siete años el Tribunal Constitucional no dictaminará sobre el recurso del PSOE, que fuentes jurídicas consideran «bien articulado técnicamente», y con posibilidades de prosperar. El mazazo a las Organizaciones empresariales también parece estar afectando al Gobierno de España, que no está impulsando el Reglamento que debe desarrollar la ley. El recurso crea un limbo legal que pone en cuestión el inicio de obras en el litoral, por lo que «el daño está hecho» en palabras de varios dirigentes del Empresariado sectorial. Además, se estima en 30.000 las viviendas que habría que demoler, y ningún Gobierno querrá asumir la responsabilidad de echar a tanta gente de sus casas…


