El Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha trasladado a los principales partidos que concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre sus propuestas para que la industria turística, cuya contribución al Producto Interior Bruto (PIB) supera el 11%, sea considerada como una prioridad política durante la próxima legislatura. En primer lugar, el organismo que preside Joan Gaspart pide «una apuesta institucional global y una dotación presupuestaria acorde con el peso del Turismo en la economía española y su potencial desarrollo».
En materia legislativa, CEOE urge a los grupos políticos a «avanzar hacia una mayor homogeneización de la normativa aplicable al Sector». A pesar de que reconoce que se han producido mejoras tras la entrada en vigor de la Ley de Unidad de Mercado, advierte que «la profusión, complejidad y disparidad de normas de carácter estatal y autonómico condicionan la actividad empresarial por su incremento de costes, provocando importantes distorsiones en el mercado, no sólo en detrimento del sector privado, sino también de los consumidores y usuarios en general».
Simplificación de las cargas administrativas que soporta el Sector
Por ello, aboga por una «normalización del mercado interior promoviendo un consenso entre las Comunidades autónomas y una regulación uniforme en materias tales como clasificación hotelera, requisitos para las agencias de viajes, etc.». En definitiva, insta a abordar aquellas cuestiones en que una regulación diferenciada produzca una clara segmentación en 17 mercados, «con regulaciones a veces incluso contradictorias». De no lograrse el referido consenso, apunta que «sería deseable que desde la Administración central pudiera impulsarse una normativa de armonización». En línea con lo anterior, reclama una mayor simplificación de las cargas administrativas que soporta el Sector; lo que permitirá una reducción de costes y, por tanto, una mayor competitividad.
Atendido el carácter estratégico del Turismo para la economía española y su efecto arrastre en otros subsectores, el Consejo de Turismo de CEOE pide que, cuanto menos, no se produzca ningún incremento en el régimen de IVA aplicable a las diferentes ramas turísticas. En todo caso, como viene haciendo desde el inicio de la legislatura de Mariano Rajoy, recuerda «su compromiso de reducir el tipo de IVA aplicable a las actividades turísticas, tan pronto se produjera una mejoría de la situación económica actual».
Paralelamente, demanda que aquellas actividades que han pasado de una tributación reducida del IVA a un tipo general a raíz de la modificación efectuada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, «retornen al tipo que corresponde al Sector, el reducido». Entre otras, hace referencia a parques de atracciones y temáticos, Turismo activo y campos de golf. También solicita que se atiendan las reiteradas demandas de sectores tales como el de congresos y el de alquiler de vehículos de que se les aplique el tipo reducido del IVA. En este sentido, considera sorprendente que ante la cada vez más frecuente inclusión del alquiler de vehículos dentro de los ‘paquetes’ turísticos de forma conjunta con otras actividades a las que sí se aplica el IVA reducido, éste se mantenga sujeto al tipo general. En el caso concreto de las agencias de viajes, advierte que se les está penalizando con el tipo de IVA general.
Dificultades crediticias
Finalmente, recuerda que dentro del Sector Turístico se encuentran prestaciones de servicios mixtas en las que se dan una serie de servicios que, individualmente considerados, tienen tipos impositivos distintos. Sin embargo, su consideración como una única prestación de servicios mixtos de hostelería, supone en la práctica que tributen al mismo tipo que el servicio considerado principal, lo que en ocasiones supone la aplicación de un IVA del 21% a determinados servicios que habitualmente tributan a tipo reducido. Desde una perspectiva técnico-jurídica dicha situación «parece contraria a la doctrina de neutralidad fiscal que traslada la Unión Europea a sus Estados miembros con el fin de evitar la distorsión de la libre competencia». Asimismo, advierte de la «ausencia de definición legal del concepto servicio mixto de hostelería».
‘Las acciones de promoción deben ser más segmentadas y colaborativas’
Por otro lado, CEOE insta al nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 20 de diciembre que continúe con la labor de promoción interna y externa orientada a la desestacionalización de la demanda, la captación de clientes de nuevos mercados emisores, los nuevos segmentos de la demanda, y la consolidación de los mercados tradicionales. «Las acciones de promoción deben ser más segmentadas, medidas y colaborativas con el sector privado», sugiere, al mismo tiempo que afirma que «sería conveniente introducir criterios de retorno de la inversión en promoción y marketing e instrumentos de medición de la rentabilidad por mercados y productos». También aboga por potenciar la profesionalización y especialización de los directores de las Oficinas Españolas de Turismo, incrementándose la colaboración con los turoperadores de raíz española presentes en los mercados externos.
En lo que respecta a la financiación, el documento alerta de «las dificultades crediticias actuales». Por ello, incide en que «resulta crucial» la creación de fuentes de financiación pública para cumplir y suplir de forma coyuntural la función de las entidades financieras y, con ello, facilitar la modernización, renovación e inversión en innovación y tecnologías. Pretende así avanzar hacia una mayor diversificación en la obtención de financiación.
Contra las tasas turísticas
CEOE muestra su preocupación del Sector por los anuncios relativos a la imposición de nuevas tasas turísticas por parte de los recientemente constituidos Gobiernos autonómicos y municipales, tanto de carácter medioambiental como relativas al alojamiento. A su juicio, su implantación «debe tomar en consideración la falta de competitividad y caída de la demanda que puede generar». Asimismo, advierte del riesgo del posible desvío de los fondos recaudados de los fines que inicialmente justificaron la implantación. También carga contra las moratorias turísticas, asegurando que «las inversiones se han paralizado o bien previsiblemente se verán penalizadas».
Entre las medidas incluidas en el documento, la entidad hace especial hincapié en el establecimiento de medidas que favorezcan la desestacionalización de la demanda, apostando, entre otras, por la puesta en marcha de bonificaciones fiscales (IVA, IBI, IAE) y de la Seguridad Social, la creación de incentivos económicos, así como el desarrollo de bonificaciones en las tasas aeroportuarias y portuarias, o un Plan Social Nacional. También incide en la importancia de fomentar la calidad de la oferta, apartado en el que resalta la contribución de la marca ‘Q’ de Calidad Turística, gestionada por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).
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