En 2014 ya solicitaron la intervención de Cristóbal Montoro
Esta es la razón por la que el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) se ha comunicado por carta con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tratando de hacerle entender (una vez más) la manera en que esta nueva tendencia «está afectando seriamente a diversos sectores de nuestra economía: entre ellos al Transporte de Viajeros por Carretera, en sus diversas vertientes de transporte en autobús, tanto en líneas regulares como servicios discrecionales y transporte urbano e interurbano en vehículos de turismo, ya se trate de empresas de arrendamiento de vehículos con conductor o de autotaxis y alcanzando al alquiler de vehículos sin conductor».
El Departamento de Viajeros del Comité tiene abierta esta cruzada, con apoyo casi unánime de empresarios y organizaciones de todo el país, contra lo que considera un evidente trato de favor …y cierta connivencia con la competencia desleal.
El sentido común es el mejor exponente de que las empresas que se dedican a esta nueva actividad colaborativa no cumplen con los requisitos que se exigen a las empresas de transporte de viajeros por carretera. Y lo hacen en tantos aspectos y apartados que no se pueden relacionar en un único artículo como éste.
A su entender, resulta evidente «la desigualdad que supone la ausencia de reglamentación de las actividades de la economía colaborativa en cuanto que dejan de ser realmente colaboraciones entre particulares, en contraste con la gran cantidad a la que se ve sometido el Sector de Transporte de Viajeros».
También recuerdan a Montoro que «en mayo de 2014 se le remitió una carta en la que ya se solicitaba la intervención de su ministerio en esta cuestión», que tuvo escasa repercusión.
Confebús afirma que «la auténtica economía colaborativa, entendiendo por tal la que no excede de una colaboración ocasional entre particulares, no causa preocupación ni perjuicio alguno. Lo que sí perjudica y preocupa es la superación de esta actividad que viene produciéndose, convirtiéndola en una auténtica explotación mercantil que resulta de la reiteración de conductas y que, por ello, caen dentro del Derecho Mercantil que regula los actos en masa, separándose del Derecho Civil que actúa sobre los particulares». Tanto en el juicio inicial como en múltiples comunicaciones oficiales, aquel Sector ha demostrado la competencia digamos «paralela» que esta actividad realiza en los mismos tráficos que cubren sus empresas. Todas ellas certificadas y con la documentación en regla. Lo que afecta sin duda a su cuenta de resultados.
El Sector toma la iniciativa y solicita al ministro que «actúe con rapidez y contundencia para que el trato fiscal sea el mismo para todos los que actúan en el mismo mercado y que las actividades que se amparan en el concepto de la economía colaborativa tengan sujeto su tráfico —y los beneficios que produce— a la misma intervención tributaria de las empresas transportistas con las que compiten».
La campaña de la Agencia Tributaria para investigar rentas de la economía colaborativa en el alquiler de pisos, «que se lleva a cabo a través de plataformas digitales fácilmente detectables como Airbnb», puede ser la línea a seguir, porque «también en el Transporte se contrata a través de plataformas como BlaBlaCar y Drivy». Un modelo de éxito está en juego.
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