Para el presidente de Fevitur, Tolo Gomila, esta situación “denota la más absoluta animadversión hacia el turismo y hacia la economía”, así como la “incapacidad de gestión de una minoría radicalizada que, por juegos de equilibrio parlamentario, tiene responsabilidad en el Gobierno municipal”.
La patronal advierte que la medida empobrece Palma de Mallorca, las pymes y su comercio
La intención del ejecutivo es poner en marcha dicha prohibición a partir del mes de julio, una vez pasado el trámite del pleno. Desde Fevitur avisan que se está estudiando adoptar medidas legales ante los posibles indicios de prevaricación administrativa en todo el proceso. “No estamos frente a una regulación, estamos frente a una prohibición que empobrece la ciudad”, insiste Gomila, que lamenta las consecuencias adversas de la iniciativa para la pequeña y mediana empresa y el comercio de la capital balear, así como un “claro lastre para la desestacionalización, tantas veces promulgada por el ejecutivo y tan poco practicada”.
En este sentido, la patronal estatal de las viviendas turísticas vacacionales recuerda las “sentencias favorables de Oviedo, Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias o Berlín” en relación con otras regulaciones mucho menos restrictivas de lo que se propone en Palma, y espera que, en el caso de la capital balear, “también sea derogada”.
